Organizaciones de Chiloé demandan asistir a “Comisión OAS” por Puente Chacao: “Es el engaño del siglo”

En la Cámara de Diputados se están llevando a cabo las sesiones de la comisión que investiga supuestos ilícitos e irregularidades para el financiamiento de la política en Chile. Es la llamada “Comisión OAS-Odebrecht”, que indaga eventuales traspasos de dineros desde esas dos empresas brasileñas a campañas presidenciales en nuestro país, entre ellas las de Marco Enríquez-Ominami y Michelle Bachelet.

Es en ese marco que el reconocido Movimiento Defendamos Chiloé, que agrupa a organizaciones ambientales, sociales, culturales y pueblos originarios del archipiélago, está demandando asistir a la mencionada comisión. ¿La razón?: OAS es una de las empresas que hace tres años formó el consorcio que se adjudicó la licitación para la construcción del cuestionado Puente Chacao que uniría a la isla con el continente.

En una misiva enviada el pasado 23 de abril al diputado Aldo Cornejo, presidente de la “Comisión OAS-Odebrecht”, las organizaciones comienzan calificando el proyecto sobre el canal de Chacao como “el engaño y abuso del siglo”. Uno -agregan- realizado “con los dineros de todos los chilenos y en especial de nuestra gente del Archipiélago de Chiloé”.

En el documento se señala que tras 3 años y 5 meses de licitado el proyecto, a la fecha no hay “ni un centímetro construido” y que este proceso se ha desarrollado “en medio de gravísimas acusaciones de ilegalidad“, como las denunciadas por las asociaciones nacionales de ingenieros y abogados del Ministerio de Obras Públicas. Junto con ello, se menciona que se ha llevado a cabo a través de un “fraude a la Consulta Indígena”, acusada por los concejos de lonkos y caciques de Chiloé; en un contexto de “corrupción internacional” de dos de las empresas que formaron el consorcio inicial, como son Hyundai y la mencionada OAS; y “sin la existencia de estudios de impactos sociales, culturales, ambientales ni económicos”.

Además de esto, se agrega que el Puente Chacao es un proyecto “impuesto de manera autoritaria y centralista, sin consulta ni participación de nuestros habitantes, sin evaluación social pertinente de alternativas de conectividad (túnel y modernización de rampas)” y que ha significado “un daño arqueológico/patrimonial irreparable”.

Es por estas razones -se insiste en la carta dirigida también al resto de los diputados de la comisión, a la Presidenta Bachelet, al ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga y al presidente de la Comisión de OO.PP Alfonso De Urresti, entre otros- que “se hace impostergable la participación ciudadana directa de nuestras organizaciones, como expositores en la comisión (…) siendo directos afectados de los resultados de ésta”.

Defendamos Chiloé sostiene que el objetivo de su presencia en dicha instancia es exponer el trabajo social, participativo e investigativo que durante todo este tiempo han realizado, así como “los graves antecedentes” con los que cuentan y “las reales prioridades del archipiélago”.

Junto con ello, se llama al ministro Undurraga y su equipo asesor/jurídico a “sincerar y transparentar posiciones e informaciones”. “Nos preocupa de sobremanera la forma en que se está llevando a cabo este proyecto, la poca o nula información, nulos estudios, lejanía de la ciudadanía y toma de decisiones alejadas de la moral, ética y legalidad por parte del Gobierno y el MOP”, advierten, y agregan: “Dados los antecedentes que entregaremos, es el momento óptimo de PONER FIN AL CONTRATO Y COBRAR GARANTÍAS”.

Publicado originalmente por El Ciudadano el 4 de mayo de 2017

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