A un año de “La Comuna de Chiloé”

Como rechazo a la aguda crisis ambiental y social, la indolencia gubernamental y las políticas neoliberales extractivistas- exportadoras, se generó en Mayo del 2016 una de las mayores movilizaciones sociales en la historia el archipiélago de Chiloé. Durante 18 días, las comunidades controlaron pacíficamente su isla, organizando asambleas en Ancud, Castro, Chonchi y Quellón, donde reivindicaron sus demandas de educación, salud, conectividad y autonomía, hecho que fue conocido popularmente como “La Comuna de Chiloé”.

Hace un año, 27 millones de salmones del Atlántico en descomposición abarrotaban las balsas-jaulas de los centros de cultivos ubicados en el seno del Reloncaví (Relún-Kawin: reunión de valles), región de Los Lagos, Chile.

El desastre sanitario dejaba en evidencia la segunda mayor crisis ambiental y social que la industria del salmón infringía al archipiélago de Chiloé en menos de una década. Las mortalidades provenían de 38 centros de cultivo pertenecientes a 14 grandes empresas salmoneras, quienes habían sido afectadas por un florecimiento de Pseudochatenella verruculosa, alga nociva que asfixió en pocas semanas a millones de peces destinados a la exportación.

Este bloom algal ocurrido entre febrero y abril del 2016, fue seguido por otro de la micro algas Alexandrium catenella -inédita por su toxicidad y extensión-, las que contaminaron las aguas costeras y los recursos bentónicos isleños, base de la vida económica, social y la alimentación de la sociedad chilota.

El florecimiento de Alexandrium catenella que se extendió por más de 200 kms, desde el mar interior, canales y fiordos de Chiloé hasta la región de Los Ríos, fue consecuencia de cambios climáticos y oceanográficos, a los que se sumó la contaminación orgánica proveniente de los monocultivos de salmones y truchas. A las altas temperaturas, el aumento de la luminosidad y la disminución del oxígeno disuelto en el mar, se unió el nitrógeno (N) y fósforo (P) de las miles de toneladas de fecas y alimento no consumido por los peces en sus abarrotadas balsas-jaulas.

Resistencia chilota a 25 años de depredación extractivista –exportadora

Como rechazo a la aguda crisis ambiental y social, la indolencia gubernamental y las políticas neoliberales extractivistas- exportadoras, se generó en mayo del 2016 una de las mayores movilizaciones sociales en la historia el archipiélago de Chiloé. Durante 18 días, las comunidades controlaron pacíficamente su isla, organizando asambleas en Ancud, Castro, Chonchi y Quellón, donde reivindicaron sus demandas de educación, salud, conectividad y autonomía, hecho que fue conocido popularmente como “La Comuna de Chiloé”.

Esta praxis constituye un hito en la construcción de un sujeto patagónico-chilote de carácter autónomo, el que progresivamente enfrenta el colonialista proceso de “industrialización tardía” impuesto desde la metrópolis santiaguina, la cual se caracteriza por la aprobación sin consulta pública de megaproyectos extractivistas y de infraestructura , la ocupación territorial, la apropiación de los bienes comunes y la sobreexplotación de sus recursos naturales, para destinarlos principalmente a los mercados internacionales.

Empresariado salmonero utiliza crisis de Chiloé para obtener billonarias ganancias

Fuentes de la industria y del banco noruego Nordea, señalaron que las pérdidas generadas por los florecimientos algales,- fueron equivalentes al 18% – 20 % de la producción de salmónidos estimados para el 2016-, con un costo cercano a los 800 millones de dólares.

Paradojalmente, estas pérdidas, que significaron destructivos impactos ambientales y sociales para la sociedad de Chiloé, han sido la causa del más espectacular negocio bursátil y mercantil para los clanes y transnacionales salmoneras de los últimos 25 años.

Inicialmente las empresas aseguradoras pagaron a las compañías entre 45-50 millones de dólares por los peces muertos, lo que constituyó “por lejos el mayor pago por desastre en la historia de la salmonicultura mundial” (Intrafish, 31 de Abril, 2016).

Sin embargo, el gran negocio surgió cuando se estimó que la oferta de salmón Atlántico (Salmo salar) provenientes de Chile, caería en 180.000 tons, equivalente al 6,8% de esta producción a nivel mundial. A lo anterior, se unieron las menores producciones de Noruega y Escocia, afectadas por masivos brotes del ectoparásito piojo de mar. Con ello, se produjo la mayor caída en la producción global de salmones de cultivo de los últimos 25 años.

Espectacular aumento del precio internacional del salmón de cultivo

A partir de fines de marzo del 2016 comenzó a evidenciarse una sostenida alza en los precios del salmón de cultivo en los mercados de Estados Unidos, Brasil y Europa, los cuales aumentaron en promedio casi un 40%, dependiendo de la variedad de salmónidos. A nivel del mercado internacional, los precios aumentaron en promedio un 24,5% en el período diciembre 2015/enero 2016 (US$ 5,98 / kg), a diciembre 2016/enero 2017 (US$ 7,45 / kg) .

Mientras en la región de Los Lagos aumentaban los despidos y se precarizaba el empleo, los empresarios salmoneros obtenían el mejor precio internacional promedio de cierre anual de los últimos 23 años. Tan sólo en tres oportunidades en los últimos 25 años se ha sobrepasado la barrera de los US$ 7/kg FOB (Free On Board): El 2011 (US$ 7,59), 2014 (US$ 7,70) y el 2016 (US$ 7,45)

Salmoneras 2016: Las que más rentaron en la bolsa de comercio

La Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) entregó su Síntesis Anual de 2016 donde indica que cinco de las seis empresas salmonicultoras listadas, son parte del “Top 20” de rentabilidad (acciones con presencia igual o superior a 50% durante el año).

Estas son: Multiexport, con un aumento del 206,45%, Australis (142,53%), Camanchaca (117,66%), e Invermar (75,00%). La empresa que menos rentó fue AquaChile, con “sólo” un 60,00%. Aun así, esta salmonera superó a la mayoría de las empresas que cotizan en la BCS .

La bonanza continúa el 2017, ya que en el primer trimestre los seis principales papeles del sector salmonero en la BCS han aumentado entre un 33% al 78%, incrementándose su capitalización bursátil en US$1.002,85 millones. Esto significa que la capitalización bursátil de las compañías salmoneras chilenas durante los últimos 12 meses se ha duplicado, mientras que el valor de las empresas ha aumentado en un 127%.

Privatizando ganancias y socializando las pérdidas

Al igual que en la crisis del virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA, por sus siglas en inglés), ocurrida entre el 2007-2009 -la cual generó pérdidas por US $5.000 millones y la eliminación de 26.000 puestos de trabajo, – la industria salmonera transfirió durante el 2016 los billonarios costos ambientales, sanitarios y sociales de la denominada “crisis de la marea roja” al Estado, medio ambiente, la salud pública, las trabajadores (as) y contribuyentes chilenos. Es así que el primer anuncio del empresariado salmonero fue la del despido de 12.000 trabajadores y trabajadoras, por razones de “fuerza mayor”, o “necesidades de la empresa”. Ya en el segundo trimestre de 2016, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el sector de la pesca, acuicultura y agricultura de la región de Los Lagos, se habían perdido 16.000 puestos de trabajo .

El secreto mejor guardado por el Estado chileno

A nivel interno de gobierno, se estima que entre el 2015 y el 2017 se habrían perdido 30.000 empleos en el cluster del salmón. Esto incluiría a trabajadores con contrato indefinido, contrato por jornada o faena, o sin contrato.

La Central Única de Trabajadores (CUT) señala no tener datos fidedignos sobre la cifra exacta de trabajadores despedidos, aunque lo estiman en 10.000, sólo para el 2016. Por su parte, la recién creada Coordinadora Nacional de Trabajadores del Salmón, calcula en 5.000, sin considerar a los trabajadores indirectos-, “lo que podrían duplicar el número inicial”.

Esta cifra que se encuentra retenida por razones políticas, indica la complicidad gubernamental, la vulnerabilidad de los trabajadores-, especialmente mujeres-, y lo funcional que ha sido el alto número de despidos para los intereses empresariales. Por otra parte, la tripartita “Mesa del salmón” constituida para dar soluciones a la cesantía post-crisis, no ha tenido ningún resultado práctico.

Los campamentos de cesantes de la billonaria industria exportadora del salmón

La absorción parcial de mano de obra cesante se ha venido efectuando en condiciones de alta precarización. Domina la subcontratación, menores salarios y los contratos por faena que duran 3 a 4 meses. Estos trabajadores al no tener una inserción laboral permanente, no acceden a derechos sociales y laborales, constituyendo el ejército de reserva que el cluster salmonero utiliza para desregular las condiciones de empleo y disminuir salarios.

Una de las consecuencias directa del capitalismo salvaje, implementado por esta industria exportadora que obtuvo retornos por más de 4.000 mil millones de dólares durante el 2016, es la creación de campamentos o “tomas” de cesantes en la región de Los Lagos. Cientos de familias con menores de edad, han ido ocupados sitios marginales, sin agua, luz o servicios básicos, levantando construcciones precarias bajo la lluvia y el frío sureño.

Sólo en la comuna de Calbuco se han constituido tres campamentos donde viven más de 200 familias y alrededor de 200 niños y jóvenes: Texas, San Rafael y “Unidad y Esfuerzo”, (ex Caicaén), a los que se ha sumado Vista Hermosa, En ellos sobreviven más de 200 familias y alrededor de 200 niños.

Los costos económicos para la sociedad chilota

Para los 155.000 habitantes de Chiloé, de los cuales 5.500 son pescadores artesanales y recolectores de orilla, los cuales dependen directa e indirecta de los recursos marino-costeros, las millonarias pérdidas de la crisis sanitaria y ambiental no fueron estimadas.

Como respuesta a las movilizaciones y la resistencia de la sociedad chilota, el gobierno ha jugado la carta de ignorar, dividir, cooptar, y finalmente intentar eliminar la oposición social. Para ello utilizó a operadores políticos y dirigentes de las organizaciones de la pesca artesanal, con quienes desactivaron el conflicto. Para ello se utilizaron la entrega de cuestionados bonos, canastas de alimento y promesas de planes y programas de desarrollo.

A la par de estos acuerdos cupulares realizados fuera del control público, los lobbistas de SalmónChile, encabezado por su presidente, el ex subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval (DC), representantes de la CUT regional y de la Federación de Trabajadores del Salmón (Fetrasal), presionaron al gobierno para que se hiciera cargo de los miles de trabajadores que serían despedidos.

Mar chilote, basurero industrial

El hecho que indignó a la sociedad chilota fue el vertido a 75 millas al noreste de la isla de 4.659 tons (cifra oficial) de salmones en descomposición, realizada mediante 11 lanzamientos efectuados por 125 embarcaciones, – barcos de alta mar, embarcaciones pesqueras artesanales y wellboats) entre el 14 a 23 de marzo del 2016.

Esta acción se implementó luego que la industria saturara con 108.000 tons de mortalidades, tantos vertederos terrestres locales (30,3%) y embarcaciones (57%), las que los transportaron para elaborar harina y aceite de pescado (Intrafish, 30 abril, 2016), luego de lo cual las empresas realizaron vertimientos ilegales en las aguas costeras adyacentes.

La utilización del Océano Pacífico como un vertedero industrial, confirmó la visión que tienen tanto el Estado chileno como el empresariado: el mar chilote como una reserva infinita de recursos para depredar, o un basurero con capacidad ilimitada de recibir residuos sólidos y líquidos, al servicio de la industria.

Lo paradojal es que esta impresentable acción contó con el respaldo del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y la Armada de Chile, lo que implicó un subsidio sanitario, económico y ambiental para la industria salmonera, de quienes tienen la responsabilidad Constitucional de velar por la salud y estabilidad de los ecosistemas y la biodiversidad marina, los bienes comunes, y los intereses de la sociedad chilena.

La credibilidad del establishment científico

Dentro de las mortalidades que provocó la “crisis de la marea roja” en Chiloé, se debe agregar la credibilidad de la comunidad científica sectorial (Instituto de Fomento Pesquero, Colegio de Biólogos Marinos, Academia de Ciencias, y la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar), quienes se plegaron desde el inicio de la segunda crisis por florecimiento algal ( marzo, 2016) a la defensa del empresariado salmonero, exculpándolos a priori de cualquiera responsabilidad ambiental.

En esta situación destacó la posición crítica e independiente del respetado oceanógrafo Tarsicio Antezana, quien cuestionó el accionar del establishment científico, al no concordar con la presidenta de la Academia de Ciencias, quien había señalado que el informe de los científicos, constituía “un hito en la relación entre la ciencia y nuestra sociedad”.

El oceanógrafo denunció la improvisación de la política científica en el mar, la imposición del poder económico y político, y de que el Estado y la industria recurrieran a la academia para buscar soluciones de emergencia, post mórtem y muy parciales, tal como se percibía en el informe entregado.

Frente al cuestionamiento público de las declaraciones de los representantes del establishment científico, el gobierno debió nombrar un comité de científicos “independientes”, quienes seis meses después entregaron con gran difusión mediática idénticas conclusiones que sus colegas institucionales.

Sin embargo, llamó la atención en este reporte que se reconociera la presencia de indicadores de vertimientos de materia orgánica (mortalidades de salmones), en aguas del norte de Cucao, Abtao, sur de Quellón, boca del Guafo, y seno de Reloncaví.

¿A la espera de una nueva crisis salmonera en las costas chilota-patagónicas?

Las recurrentes crisis sanitarias, ambientales, financieras y sociales, derivadas del accionar de los monocultivos intensivos de salmónidos desde la década del 2000, confirman que esta es una actividad insustentable en lo ambiental, no equitativa en lo social, e ineficiente y especulativa en lo económico, la cual posee un creciente apoyo político-financiero de parte del Estado, mediante una opaca utilización de dineros públicos, unidos a los tradicionales subsidios indirectos, aportados por los costos externalizados al medio ambiente, la salud pública, el trabajo precarizado de quienes laboran en los centros de cultivos, transporte, y plantas de procesamiento.

En la actualidad, una alianza de organizaciones ciudadanas, consumidores, comunidades costeras, movimientos sociales y pueblos originarios exigen; a) La moratoria permanente a la expansión territorial de las concesiones salmoneras en las regiones del Bío Bío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes; b) El control público sobre el corrupto accionar de políticos y altos funcionarios del Estado que benefician a esta mega industria con recursos públicos y modificaciones a la normativa sanitaria, ambiental y laboral; c) La prohibición del uso preventivo (profiláctico) e indiscriminado de antibióticos y antiparasitarios en la industria salmonera chilena , y d) El boicot nacional e internacional al consumo de salmones de cultivo que utilizan de manera no informada, altísimos volúmenes de antibióticos y antiparasitarios en sus procesos productivos, amenazando con ello los derecho de los consumidores y sus familias, la salud pública y la estabilidad del medio ambiente y la biodiversidad marino-costera.

Juan Carlos Cárdenas y Patricio Igor Melillanca
Centro Ecocéanos

Publicado originalmente por El Desconcierto el 8 de mayo de 2017

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