Puente Chacao: dirigentes chilotes acuden a Contraloría

Agrupaciones sociales denunciaron tráfico de influencias e incumplimiento de contrato.

Han pasado casi cuatro años desde que se adjudicó la construcción del Puente Chacao , uno de los proyectos de infraestructura pendientes más importantes en Chile, que busca unir la Isla Grande de Chiloé con el continente. Pese a que originalmente se esperaba que su construcción comenzaría en febrero de 2015, una serie de retrasos y dificultades han postergado el inicio de las obras.

Actualmente, se está a la espera de la aprobación del diseño final por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Una vez que se complete la revisión, podría comenzar la construcción de la estructura, que está proyectada para este año.

Pero no todos están conformes con el inicio de las obras: el jueves pasado distintas agrupaciones sociales, culturales, ambientales y de comunidades originarias viajaron desde Chiloé hasta Santiago para denunciar ante el contralor general de la República ilegalidades en el proyecto.

“Estuvimos tres horas reunidos con el contralor presentándole las grandes dudas que tienen los chilotes y que nunca han sido aclaradas por ninguna autoridad de la cartera”, explicó Juan Carlos Viveros, del Movimiento Defendamos Chiloé.

Viveros señaló que en la entidad le aseguraron que indagarán en los antecedentes presentados. “El contralor se mostró bastante sorprendido. Presentamos antecedentes concretos para pedir una fiscalización exhaustiva por parte de Contraloría e inmediatamente se nos presentó al equipo de fiscalización de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas. La investigación se inició”.

Los hechos denunciados por lo dirigentes tienen relación, en primer lugar, con la licitación de la obra. Según acusan, el proceso se anunció en mayo de 2012, siendo que en ese momento el MOP aún no enviaba el proyecto a evaluación del Ministerio de Planificación (actual Ministerio de Desarrollo Social). Adicionalmente, aseguran que, según la Ficha de Iniciativa de Inversión (IDI), el proyecto ingresó a evaluación el 11 de julio de 2012 y el mismo día habría sido aprobado “sin observaciones” para ser licitado.

Pero, además, las organizaciones han denunciado un incumplimiento de contrato por parte del consorcio, originalmente conformado por OAS y Hyundai, ya que, a 40 meses desde su firma, aún no hay aprobación de diseño ni inicio de obras.

Algunos parlamentarios también han acusado de incumplimiento de contrato al conglomerado. En abril, los diputados Juan Antonio Coloma y Felipe Ward, ambos integrantes de la comisión investigadora por el financiamiento extranjero de la campaña presidencial, solicitaron al MOP cobrar las boletas de garantía que emitió la empresa brasileña OAS, indagada por presuntos aportes irregulares en la política. “No nos dieron explicación. Cuesta entender por qué, habiendo un incumplimiento de contrato, no se ha cobrado ningún tipo de garantía”, señaló Coloma. “Se han modificado todos los cronogramas. Se acortaron los plazos de construcción, para alargar los plazos de diseño y financiamiento, y todos sabemos que eso implica un aumento de plazo que no estaba en la licitación”, añadió.

Camila Mardones

Publicado originalmente por La Tercera el 17 de agosto de 2017

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