Movimiento Defendamos Chiloé y cuestionamientos a Puente Chacao: “El ministro Undurraga miente”

El proyecto del puente sobre el canal Chacao ya fue licitado pero hasta el momento aún no comienzan sus obras. Una de las empresas integrantes del consorcio que se adjudicó la megaobra ha sido cuestionada por financiamiento irregular de la política en Brasil y Chile. Las autoridades señalan aún no se detectan problemas, pero la comunidad chilota cuestiona sus dichos y emplaza al fin del contrato.

“Ningún contrato se ha cambiado, tampoco las condiciones. No hay antecedentes para decir que hay vínculos irregulares. Jurídicamente, los contratos se establecieron con el Consorcio Puente Chacao (CPC)”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, al ser consultado por los diputados de la Comisión Investigadora de supuestos ilícitos e irregularidades para el financiamiento de campañas presidenciales, realizada el pasado 18 de abril en la Cámara de Diputados del Congreso.

El ministro Undurraga afirmó, además, respecto a los incumplimiento en el proyecto del Puente Chacao, que sólo la etapa de diseño no se encontraba finalizada, pero que los accesos norte y sur ya estarían terminados. En ese sentido, declaró: “Es muy caro volver a licitar, no hay razón para terminar el contrato y no existe aún incumplimiento de contratos, por tanto no se justifica el cobro de garantías”.

El famoso puente Chacao

Sin embargo, Juan Carlos Viveros, vocero del Movimiento Defendamos Chiloé, frente a estas declaraciones es enfático: “El ministro Undurraga miente. Lo que dice no es lo que corresponde. Hay un incumplimiento del contrato y del programa. Al suceder esto, es una obligación legal el cobro o pago de las garantías. Ninguna de las etapas se ha cumplido. La empresa no ha iniciado las obras en la fecha que corresponde ni tampoco ha entregado el diseño. Por eso, según normativa del propio ministerio, corresponde el cobro de las garantías, ya sea de OAS o del Consorcio Canal Chacao”.

La realidad es muy distinta, sobre todo si se vive en una isla como Chiloé, que es patrimonio cultural de la humanidad UNESCO y patrimonio agrícola de la FAO. Cuando un territorio como este archipiélago tiene todo ese patrimonio cultural, natural y turístico, resulta evidente que el camino para el desarrollo del archipiélago no es conectado al continente.

Hoy se está haciendo un manejo político de la construcción del puente. Licitado bajo la administración de Sebastián Piñera, hasta el momento no existen pruebas de algún avance en su construcción. El SEREMI de la cartera en la región de Los Lagos, Carlos Contreras, hace dos semanas afirmó que “este año se debería entregar el diseño y posteriormente inicio de las obras”. Sin embargo, esta opinión se contradice con la del Ministro Undurraga.

¿Qué es lo que está sucediendo realmente?

Parte de la comunidad chilota, los directamente impactados o afectados por esta megaobra, acusan la ilegalidad del proyecto. No hubo consulta indígena, de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Además, parte del consorcio que se adjudicó la obra está acusado de corrupción. Peor aún, no se tienen estudios de impactos sociales ni culturales, no tiene consulta ni participación ciudadana. O al menos, los resultados de éstos no se han entregado a la comunidad.

“El Ministro nunca ha entregado los estudios que le hemos pedido. Hace dos semanas, al SEREMI le entregamos un petitorio de una página y media, con cerca de 14 puntos. Le pedimos que entregue información concreta, con documentos, con timbres certificados, de lo que está sucediendo con el puente. Y no nos ha llegado ninguna información al respecto”, señala Juan Carlos Viveros.

El vocero del Movimiento, constituido hace dos años, ha articulado acciones con 50 organizaciones sociales. Realizan conversatorios, charlas y apoyan investigaciones. Se reúnen con expertos, para analizar profesional y técnicamente los errores tras el proyecto. Han organizado marchas, masivas e históricas contra el puente. Son un referente en la isla y han potenciado el rechazo al proyecto por considerarlo una imposición desde Santiago, por sobre las prioridades del territorio. La iniciativa, a juicio del movimiento, “es un despilfarro y un error”.

“No se ha hecho ningún pago, es lo único cierto. Pero costaría al Estado 364 mil millones de pesos, lo que es un escándalo. Las necesidades nuestras son otras”, afirma el vocero del movimiento ‘Defendamos Chiloé’.

Las exigencias

Entre el movimiento liderado por Viveros y los diputados de oposición Paulina Nuñez y Rojo Edwards existen concordancias. “Si el Consorcio no cumple el programa, corresponde el fin del contrato y el cobro de las garantías. Es evidente el incumplimiento”, han afirmado todos los actores sociales, desde distintos frentes, en diversos momentos.

Sin embargo, no todos manejan una información que podría ser concluyente. Existe un estudio sobre la conectividad, realizado por el Ministerio de Obras Públicas hace 11 años. “Modernización de rampas y transbordadores para el cruce del canal de Chacao” es su nombre. “Gracias a éste, nos dimos cuenta que con un 5% del puente, se hacen rampas con doble frente de atraque, una en Pargua , otra en Chacao, con las que se eliminan las colas de espera en el cruce y se disminuye a 12 minutos el tiempo de traslado en ferry”, sostiene Juan Carlos Viveros.

“De las 3 alternativas conocidas (túnel, puente y rampas), el proyecto con menor costo y mayor rentabilidad social son las rampas. Queremos conversar con Hyundai para decirles que no queremos ni necesitamos de su proyecto. Nunca debió licitarse”, remata el defensor de la isla.

Por el momento, las organizaciones sociales, ambientales y culturales isleñas están en alerta. También el Consejo de Caciques Huilliches. Todos ellos están preparando una estrategia conjunta para solicitar al Gobierno y exigirle a la Presidenta de la República que ponga fin al contrato y cobre las garantías.

Publicado originalmente por El Ciudadano el 21 de abril de 2017

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